Nacimiento de autonomia de Castilla- la Mancha

La larga polémica que suscitó el análisis del artículo segundo de la Constitución de 1978, en el que se reconocía y garantizaba "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones", que integraban la nación española, condujo a que se decantase la opinión por la conveniencia de un maximalismo autonómico, por el que todas las regiones alcanzasen el mismo techo de posibilidades autonómicas, lo lograsen bien por el camino del artículo 151 del texto constitucional, el llamado "camino rápido", bien lo hicieran por la vía más lenta del artículo 143.

Iniciado el proceso autonómico, la pugna interregional por el tratamiento, precedencias y vehículo legal para alcanzar el apetecido nivel de autonomía, enfrentó a aquellas regiones con añeja conciencia histórica de su personalidad nacional con aquellas otras donde esa conciencia sólo tenía muy débiles y próximas raíces, o con las que, por último. carecían de tal conciencia y pesaba en ellas más el hecho administrativo de lo provincial o su pertenencia secular al conjunto de la nación española. Eran regiones donde lo comarcal definía más que lo provincial, que ya con siglo y medio de tradición era también elemento aglutinante, y donde, por último, la conciencia de lo español envolvía y presidía ambas vivencias.

Este era el caso de las provincias que iban a constituir la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, poderosas razones obraban en tal sentido. Su "hecho diferencial" no residía en fundamentos étnicos, ni en razones lingüísticas, ni en delimitaciones geográficas. Como otras tierras españolas sus diferencias habían nacido al hilo de la historia. Las tierras de Castilla-La Mancha integraban comarcas y hombres más perfilados por la historia que por ningún tipo de barrera geográfica ni de uso lingüístico. Un conglomerado de comarcas naturales, la Sagra, la Jara, la Mesa de Ocaña, La Mancha, el Campo de Calatrava, el Campo de Montiel, el valle de Alcudia, los Montes de Toledo, la serranía de Cuenca, la Alcarria, cada una de ellas con una personalidad cultural característica, sobre una base étnica y lingüística común, y con un centro de atracción en torno al cual habían girado durante siglos, se llame Toledo, Sigüenza, Albacete, Ciudad Real, Almagro, Tarancón o tantos otros, pero carentes de un centro único que, desde lo geográfico a lo administrativo, hubiese actuado secularmente como eje indiscutible de la vida regional.

La vieja y afirmada simbiosis de lo español y lo castellano propia de la historia de este centro peninsular; la agobiante proximidad de Madrid, el gran centro de succión demográfica para las provincias de su inmediato entorno; la ausencia de una tradición regionalista que solo contaba con superficiales y pasajeros intentos en las primeras décadas de este siglo muy individualizados y con escaso eco social, todo lo más una conciencia de olvido y agravio históricos por parte de los gobiernos de Madrid más interesados y generosos con otras provincias españolas. Esas notas definían la actitud de estos castellanos del sur ante la opción autonómica. Pocas regiones se aprestaban a ella tan carentes de una conciencia propia. Iba a ser éste uno de los primeros y más persistentes problemas de su proceso de conformación autonómica.

Históricamente tomando como punto de partida la estructura centralista del Estado borbónico del siglo XVIII, el catastro de Ensenada de 1749 y el nomenclador de Floridablanca, iniciado en 1785 y terminado diez años mas tarde constituyen las iniciativas más empeñadas en dotar a España de una nueva organización territorial y censal.

En la división de Floridablanca se configuran 31 provincias, agrupadas en regiones administrativas.

La región Castilla la Nueva aparece dividida en cinco provincias: la de Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Mancha.

La invasión francesa y, como consecuencia la configuración del Estado bonapartista durante el breve reinado de José I, supusieron un nuevo intento de división territorial, tomando como modelo la del Imperio francés. De este modo, España quedó dividida en 38 prefecturas y 111 subprefecturas. Incluso en la nomenclatura se acudió al mimetismo con el modelo francés de denominarlas por las cuencas de los ríos. Así la prefectura de Ciudad Real se llamaría Ojos del Guadiana; la de Cuenca, Júcar Alto; la de Madrid, Manzanares; la de Guadalajara, Tajo Alto, y la de Toledo, Tajo y Alberche. Ni que decir tiene que tal toponimia no pasó de la anécdota y que la distribución en departamentos no tuvo más vigencia que la del propio proyecto bonapartista en España.

La división territorial más característica y permanente de la España contemporánea vendría al hilo del proceso de construcción del Estado constitucional. Un claro punto de partida sería el artículo 11 de la Constitución de 1812, desarrollado luego e interpretado durante el Trienio Liberal en el Real Decreto de 27 de enero de 1822.

La configuración centralista del Estado liberal burgués y la entidad de la provincia, conjugadas con una conciencia histórica reverente hacia el proceso de formación de la nación española y hacia los perfiles de los reinos que la habían forjado, llevaron a la división administrativa propuesta por Javier de Burgos y materializada en el Decreto de 3 de diciembre de 1833, en el que el territorio de la nación española quedaba estructurado en 49 provincias, agrupadas en 15 regiones administrativas. La de Castilla la Nueva integraba a las de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.

Las tierras de la Mancha albaceteña, constituida en nueva provincia, bascularían hacia el reino de Murcia. Hasta la Constitución de 1978 tal división administrativa se mantuvo vigente. Y llegó a conformar una mentalidad provincial y hasta un comportamiento provinciano en relación con Madrid, la capital por antonomasia, inevitable término de comparación de donde procedían algunos bienes y muchos males.

No sería hasta los años de comienzos de siglo, cuando la ola de pesimismo que se abatió sobre España tras la crisis del 98 golpease también a Castilla, cuando se buscasen soluciones regeneracionistas a los problemas castellanos. En ese proceso ya fue, de por sí, un hito la conciencia de que sólo desde la propia Castilla se podrían afrontar sus problemas.

Era un significativo paso desde una actitud de fatalismo e inhibición, Julio Senador, en su dramático alegato "Castilla en escombros" podía rememorar el tiempo en que Castilla "jamás ha reclamado nada ni protestado contra nada", cuando en realidad "desde el desfiladero de Pancorbo hasta Despeñaperros no hay un solo labriego que no esté absolutamente persuadido de que nadie remediará su infortunio: y de que sus únicos derechos son obedecer, sufrir y callar".

Hubo conciencia de que los prolongados silencios no conducen más que a la postergación y al olvido. El punto de referencia para muchos castellanos fue Cataluña. "Como Cataluña tiene energía para gritar y defender el arancel, diría en el Congreso el diputado castellano Benito Andrade", Cataluña es considerada y atendida por los gobiernos; como Castilla ha callado siempre, estos gobiernos han tomado su carne como carne de cañón y no han reparado en arruinarla.

En la Castilla septentrional, Valladolid fue el centro de ese regionalismo que, a través de Ateneos, juegos florales y reivindicaciones económicas, intentaba hacerse oír en Madrid. Desde la segunda década del siglo, regionalismo y Castilla empiezan a ser términos inseparables.

El impacto de la primera guerra mundial, con todas sus secuelas de transformaciones económicas y sociales, pero también con el estímulo que todos los nacionalismos europeos, incluidos los peninsulares. recibieron tras su final, especialmente de las doctrinas wilsonianas, condujo a resoluciones como el manifiesto que las diputaciones castellanas y leonesas elevaron al rey Alfonso XIII. recordándole que había llegado la hora de "la autonomía regional" y que a ese movimiento también se sumaba la voz de Castilla: "Hay muchos millones de españoles que están dispuestos a resolver el problema de las autonomías. Son aquellos cuya voz no ha sonado todavía.

No era tan viva la conciencia ni tan decidida la actitud de las tierras castellanas meridionales. Tierra dominada por la gran propiedad, feudo de caciques con mayor desmovilización social y política, amplias masas campesinas y una marginación más acusada. tuvo un regionalismo de tono menor y de escasa incidencia, con brotes intermitentes en Toledo, Guadalajara, Albacete y, con más acusada presencia, en la región manchega.

Con frecuencia tal regionalismo nació y creció de los manchegos afincados en Madrid. Así, desde el Centro Regional Manchego, fundado en Madrid en 1906, se llevó a cabo una labor de propaganda y de captación de hombres que actuasen como fermento de esa política de definición regional y de solidaridad entre todos los manchegos. los que vivían en la región y los de la diáspora.

En aquel incipiente regionalismo, de escaso eco, obraron también los condicionantes económicos y, de forma más atenuada, los culturales. Respondía a los primeros el proyecto de crear en 1914 una mancomunidad manchega, diferenciada de la castellana y tomando también como modelo las iniciativas catalanas. Se hablaba incluso de "formar una región político administrativa con carácter propio".

Todavía en los años de la II República se alzaron voces que reclamaban la creación de una Generalidad Manchega, aprovechando que estaban todos los españoles en la hora de pedir, e insistiendo en que se votase en las Cortes un "Estatuto manchego". Quedaría todo en esfuerzos sin respuesta, en actos de afirmación regional, en algún himno "de la Mancha" o en algún proyecto de bandera.

Latía en todo ello además no sólo la conciencia de superar una marginación que animaba todas las reivindicaciones regionales castellanas sino la conciencia y el deseo de diferenciación que muchos castellanos tenían hacia lo castellano.
Posiblemente resida ahí una de las causas que incidirían, en estos inmediatos años de constitución autonómica, en la polémica sobre la denominación que se le iba a dar a la Comunidad. Solo dos comunidades son conocidas por un binomio: Castilla y León, con ese nexo copulativo que diferencia, y Castilla-La Mancha, con ese guión que une e integra.

El mismo año en que se aprobaba el texto constitucional, un Decreto-Ley publicado el 15 de noviembre de 1978 creaba el ente preautonómico de Castilla-La Mancha, que presidiría el diputado de Unión de Centro Democrático Antonio Fernández Galiano.

La andadura autonómica se consolidaría durante el año 1980, especialmente cuando siguiendo lo establecido por el artículo 143 de la Constitución, 715 municipios, de los 915 que integraban la región, se definieron por la opción autonómica, frente a 25 que la rechazaron y un importante número de ellos que no se pronunciaron o cuyas respuestas llegaron fuera del plazo marcado.

Con ello comenzó realmente la etapa de redacción del borrador del Estatuto de Autonomía, cuyo texto ratificado por el Congreso y el Senado los días 17 y 26 de julio. respectivamente, sería publicado como Ley Orgánica en el Boletín Oficial del Estado el siguiente 16 de agosto de 1982.

En su artículo primero se establecía que "las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca. Guadalajara y Toledo se constituyen en Comunidad Autónoma bajo el nombre de Castilla-La Mancha para acceder a su autogobierno, de conformidad con la Constitución española y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica". En el artículo quinto se definía la bandera representativa de la Comunidad, "un rectángulo dividido verticalmente en dos cuadrados iguales: el primero de color carmesí, con un castillo mazonado de sable y aclarado de azur, el segundo en blanco".

Los artículos 9 al 12 se referían a las Cortes regionales, compuestas por "un mínimo de 40 diputados y un máximo de 50". Tras la presidencia de Gonzalo Payo, también de UCD como lo era Antonio Fernández Galiano, dimitido en febrero de 1982, un gobierno provisional de mayoría socialista, tras las elecciones generales de octubre de ese mismo año presidido por Jesús Fuentes convocó las primeras elecciones para las Cortes castellano-manchegas, se celebraron el 8 de mayo de 1983, simultáneamente con las municipales, y con un alto índice de participación (74 por 100).

El partido más votado fue el PSOE. que consiguió 23 escaños, seguido por Alianza Popular con 21.

Desde tal fecha ocupa la presidencia de la Junta de Comunidades José Bono, hasta abril de 2004 que el PSOE gana las elecciones y reclaman a Bono para formar el nuevo Gobierno.

El siguiente 31 de mayo se celebraría la sesión constituyente de las primeras Cortes de la región. Tal fecha quedaría fijada como Día de la Región castellano-manchega. cuya celebración se desarrolla cada año en una de las provincias que la integran.
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Información extraída de http://www.guadalajarainteractiva.com/

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